El Gobierno reglamentó, después de siete años, el sistema de indemnizaciones preestablecidas. Esto cambia las reglas del juego para empresas, creadores y marcas.
Colombia dio un paso relevante en la protección del derecho de autor y los derechos conexos. Con el Decreto 370 de 2026, el Gobierno reglamentó el sistema de indemnizaciones preestablecidas previsto desde 2018, aclarando cuánto puede costar una infracción y cómo se calculan los daños en estos casos.
A partir de esta reglamentación, los titulares de derechos podrán elegir entre dos vías: (i) el sistema tradicional, que exige probar el daño y su cuantía, o (ii) el sistema de indemnizaciones preestablecidas, en el que basta con demostrar la infracción. Este segundo mecanismo reduce la incertidumbre y facilita la defensa de los derechos.
La norma fija rangos claros. En general, la infracción a derechos de autor o conexos puede costar entre 10 y 50 salarios mínimos por cada obra. Este monto puede subir hasta 100 salarios mínimos en casos de dolo, mala fe o reincidencia, o bajar hasta entre 1 y 10 salarios mínimos si el infractor actuó creyendo razonablemente que no cometía una infracción.
El valor final no es automático. El juez evaluará factores como la duración del uso no autorizado, el número de copias, el alcance geográfico, el reconocimiento de la obra en el mercado y la gravedad de la conducta.
El Decreto también regula las indemnizaciones por elusión de medidas tecnológicas de protección. En estos casos, las sanciones pueden oscilar entre 6 y 50 salarios mínimos, dependiendo del tipo de conducta, con aumentos o reducciones según la intención del infractor.
El sistema establece un tope global: en una misma demanda, la indemnización total no podrá superar 500 salarios mínimos, incluso cuando se reclamen múltiples daños.
Para agencias, anunciantes y empresas que trabajan con contenidos, este cambio es clave. El uso de música, imágenes, software o contenidos sin licencia ya no solo implica un riesgo reputacional: ahora tiene un precio más claro y potencialmente alto, que puede afectar el valor de las negociaciones.
Para las empresas, el mensaje es claro: prevenir es más barato que infringir. Auditorías de contenido, licencias adecuadas y buenas prácticas en campañas publicitarias serán más importantes que nunca.
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